El gobierno de Estados Unidos revisará caso por caso a 300 mil inmigrantes indocumentados que no tienen antecedentes penales, pero que enfrentan a una posible deportación. Ellos podrían permanecer en el país de forma indefinida y tendrían la oportunidad de solicitar un permiso de trabajo.
El cambio en la política, anunciado por la Secretaria del Departamento de Seguridad Interior, Janet Napolitano, fue considerada por abogados como una buena noticia entre muchas malas para los indocumentados y fustigado por opositores.
La estancia indefinida, además, no significa que los inmigrantes vayan a obtener un camino a la residencia permanente "Primero, hay que aclarar que los permisos de trabajo no van a ser automáticos", dijo la abogada Alma Rosa Nieto, de Los Ángeles. "Se va a determinar cada caso por sus hechos, y aunque la noticia es tardía, enhorabuena".
Napolitano dijo en Washington que la prioridad será deportar a los inmigrantes ilegales convictos.
"Desde la perspectiva de aplicación de la ley y seguridad pública, la aplicación de recursos del DHS debe seguir enfocada en nuestras prioridades más altas", escribió Napolitano a un grupo de senadores involucrados en el respaldo a las leyes de inmigración.
Agregó que hacer lo contrario dificulta la misión de seguridad pública, incide en la obstrucción de los expedientes de las cortes de inmigración expedientes y la desviación de recursos del DHS en la aplicación contra individuos que representan una amenaza para la seguridad pública.
"Se han dado cuenta que no todos los recursos invertidos han sido para atrapar a inmigrantes que son un riesgo para la seguridad nacional", expresó la abogada Nieto.
El DHS y las autoridades de inmigración se han llenado de casos de personas en proceso de deportación por el simple hecho de vender helados en la calle o han cometido infracciones menores de tránsito.
Cifras oficiales del DHS establecen que al menos 1.1 millones de inmigrantes han sido deportados en los últimos dos años y medio de la administración Obama, criticada por grupos defensores de los inmigrantes, quienes le acusan de no cumplir su promesa de expulsar solo a "lo peor de lo peor" y la ausencia de una reforma migratoria justa e integral.
"Una paciente mía fue deportada a Guatemala, aunque ella fue víctima de violencia doméstica", dijo la psicóloga Leticia Lagar a AOL Latino. "Pude ver de primera mano el impacto en su vida: sufría de depresión crónica emocional, psicológica y espiritual por el hecho de haber sido separada de su esposo e hijos, su sistema nervioso central estaba fuera de equilibrio, y aparte sufría de problemas gastrointestinales".
Lagar dijo que, como profesional, "abogo por la gente trabajadora que está dispuesta a contribuir al bienestar del país, que ayudan a su producción, pero los que vienen a perjudicar y a hacer maldades en Estados Unidos, que para ellos no haya clemencia y los deporten de inmediato".
Ira Melhman, portavoz de la Federation for America Immigration Reform (FAIR) dijo a AOL Latino que la Administración del Presidente Obama es "peligrosa, porque es trabajo del Congreso y no del presidente ejecutar las leyes, pero ignora los fundamentos de la democracia que crearon los padres fundadores [de Estados Unidos]".
"Todos sabemos razonablemente que la entrada ilegal al país es un delito, y que la penalidad es la deportación", dijo Melhman . "Todos sabemos que no es necesario cometer un crimen para ser deportable".
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